Pedro Sánchez ha defendido el plan del Gobierno para aumentar el gasto en defensa hasta el 2,1% del PIB y hacerlo con un enfoque más global, atendiendo a todas las aristas del concepto seguridad y al impulso industrial. Esto es, como un “plan industrial” con vistas a combatir amenazas como la ciberseguridad e invertir en estos campos en lugar de solamente en armamento. Ignorando las presiones del presidente del EEUU, Donald Trump, que ha llegado a amenazar con aranceles a España si no incrementa el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, el jefe del Ejecutivo ha defendido una “visión más omnicomprensiva cuando hablamos de seguridad y defensa” y puesto en valor que “uno de cada diez euros” del plan de inversión en defensa del Ejecutivo se destinen a ciberseguridad. En total, 1.157 millones de euros, subrayó esta mañana durante un encuentro en la sede en León del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).
En el Gobierno se agarran al acuerdo alcanzado antes de la cumbre de la OTAN entre Pedro Sánchez y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, para mantenerse firmes en su decisión de no superar el 2,1% de su gasto en defensa. “Vamos a mantener la posición”, apuntan fuentes de Moncloa. Al mismo tiempo sostienen que las relaciones con EEUU son buenas, dentro del marco de la normalidad, y destacan además sobre la amenaza de aranceles que España ya tiene déficit comercial con EEUU, uno de los elementos que pretendería corregir el mandatario norteamericano con sus políticas arancelarias.
El jefe del Ejecutivo ha dado cuenta de los ciberataques detectados el pasado año, con una “muy grave cada tres días”, para justificar la necesidad de hacer frente a esta amenaza con más recursos. “Nosotros estamos haciendo nuestros deberes, con capacidades por encima de la media europea”, ha defendido tras recordar el reciente ataque que ha paralizado la seguridad aérea de varios países.
Dentro de este esfuerzo, Sánchez ha avanzado el compromiso del Gobierno para crear un Centro Nacional de Ciberseguridad. E proyecto de ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad prevé su creación en el plazo máximo de doce meses desde que se apruebe la norma. El nuevo centro estará adscrito al Gabinete de la Presidencia del Gobierno, “dirigiendo y coordinando bajo una autoridad única el ejercicio de las competencias estatales previstas”.
El denominado ‘Plan Nacional para el Desarrollo e Impulso de la Tecnología y la Industria de la Seguridad y Defensa’ aprobado por el Gobierno y sobre el que rechaza desviarse movilizará este año 10.471 millones de euros y tiene como objetivo hacerlo sin recortes en el Estado de bienestar.
Sin recortes sociales
Sus ejes tienen que ver con “mejorar las condiciones laborales, la preparación y el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas para equipararlas con las de los países más avanzados de la UE” y aumentar sus efectivos (35% de las inversiones); “desarrollar y adquirir capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad (31%); “reforzar el papel de nuestras Fuerzas Armadas en la gestión de emergencias y desastres naturales, como inundaciones o incendios” (17%) y “mejorar las condiciones de seguridad de los casi 3.000 efectivos que integran las 16 misiones de paz de España en el exterior, bajo las banderas de la Unión Europea, la OTAN o las Naciones Unidas”.
La financiación provendrá en buena medida de los remanentes de los presupuestos de 2024, del fondo de recuperación de la UE, de los ahorros por la reducción en el pago de intereses de la deuda y de ciertas partidas incluidas en las cuentas prorrogadas de 2023 que ya no se necesitan por el cometido al que fueron asignadas y que serían transferidas.
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