Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director del Observatorio de Buena Gobernanza en este centro académico tomó posesión el pasado mes de mayo como presidente de una novedosa institución, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, cuya actividad se inició el pasado 1 de septiembre.
La creación de este organismo, dependiente del ministerio dirigido por Félix Bolaños, estaba pendiente desde que en 2023 entró en vigor la ley que tiene como objetivo dar protección a los denominados “alertantes de corrupción”, ciudadanos que se han atrevido a denunciar prácticas irregulares de las que tienen conocimiento por su trabajo diario en instituciones públicas o empresas.
Hace aproximadamente un mes que tomó posesión del cargo y preside el órgano que viene a completar las previsiones de la ley que da protección a los informantes de corrupción ¿Cuáles han sido sus primeros pasos?
Los primeros pasos han sido formar un primer equipo esencial para poner en funcionamiento la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Un equipo que irá creciendo hasta llegar a las más de cincuenta personas que se necesitarán, considerando las más de 2.000 denuncias previstas por año. También hemos trabajado en sistema digital y la ciberseguridad, esencial para poder recibir denuncias de forma segura, y también acreditar los responsables de canal interno, que son las personas designada por una empresa u organización para gestionar y supervisar el canal de denuncias, que nos tienen que enviar las más de 30.000 entidades públicas y privadas obligadas a hacerlo.
Muchos alertadores han puesto su confianza en este nuevo organismo, tras pasar lo que algunos denominan un calvario de acoso y trabas profesionales tras denunciar irregularidades en sus entornos laborales. ¿Qué les puede ofrecer la Autoridad Independiente?
Esencialmente, nuestro trabajo es proteger a los denunciantes que presenten su denuncia a partir del momento en que se aprobó la ley y que reúnan las condiciones en ella establecidas. A estas personas les podemos ofrecer lo que establece la ley: confidencialidad, anonimidad, indemnidad, asesoramiento jurídico, apoyo psicológico, dentro lógicamente de los límites presupuestarios establecidos.
Es importante destacar que no toda persona que denuncia a otra puede obtener protección. La protección exige denuncias de incumplimientos claros y la utilización de los canales adecuados. La sociedad solo valorará los actos de denuncia si somos capaces de hacer llegar a la gente que quienes denuncian con fundamento y buena fe son colaboradores imprescindibles para que exista un verdadero estado de derecho y para garantizar a la ciudadanía sus derechos.
Meeting with Manuel Villoria, president of the Independent Authority of Corruption Informants / epe
¿Con qué medios cuenta su oficina para dar protección a estas personas?
Los medios ya he indicado que, de acuerdo con los estudios de cargas exigirá al menos unas 50 personas bien formadas; también gastos para proteger jurídicamente y dar apoyo psicológico. Además de todos los gastos tecnológicos y logísticos, que serán imprescindibles.
¿Es la corrupción un mal endémico? ¿Cómo deben enfrentar este problema las sociedades democráticas?
Para explicar la corrupción a nivel general se necesitarían varios libros, pero esencialmente las caudas de corrupción son tres. La primera es debilidad institucional, es decir, no tener las leyes, los procedimientos, los órganos adecuados para que el sistema democrático funcione adecuadamente, desde un sistema electoral justo y limpio a un poder judicial independiente, pasando por una prensa libre, una administración imparcial y basada en el mérito, unos órganos de control independientes y bien formados técnicamente, etc..).
Después están la desigualdad y la pobreza. Cuando hay mucha desigualdad las decisiones políticas se pueden comprar, los partidos dependen de los que financian y cuando, además, hay pobreza se produce un elevado clientelismo, con miles de personas dependiendo de los caciques políticos para obtener servicios esenciales a cambio del voto.
También está la cultura política y social. Las sociedades particularistas, en las que la gente entiende que para resolver los problemas la clave son los amigos y familiares, son sociedades corruptas. Las sociedades menos corruptas tienen una cultura universalista, en la que la gente entiende que para resolver los problemas hay que tener buenas leyes y que se cumplan.
¿Por qué afecta más a algunos países, como España, que a otros?
Respecto al caso concreto de España, es evidente que en estos 50 años de libertad se ha avanzado en los tres aspectos y la existencia de instituciones como la que presido dan muestra de ello. Las instituciones están cada vez más preparadas para luchar contra la corrupción, tanto para descubrirla como para sancionarla.
Y también es evidente que una sociedad democrática cada vez más madura y exigente en términos éticos tiene una tolerancia mucho menor con estos comportamientos. El reto que tenemos, por tanto, es que la evolución de las instituciones sea pareja a la de la sensibilidad social.
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The post “Citizens who warn of corruption are essential for a true rule of law to exist” appeared first on Veritas News.
