Ultimátum de los Comuns al Govern de Salvador Illa para que cumpla con uno de los acuerdos pendientes: la creación de la oficina antidesahucios. Como ha avanzado EL PERIÓDICO, este es el principal escollo que impide que arranque la negociación de los presupuestos de 2026 con el socio menor del Executiu, motivo por el que el grupo de Jéssica Albiach ha elevado el tono y ha exigido al ejecutivo que, si quiere su apoyo, garantice la creación de esta oficina en un plazo de 15 días.
“Exigimos que, en dos semanas, de una vez por todas, se apruebe un acuerdo de Govern para poner en marcha la oficina antidesahucios”, ha asegurado el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, desde Sabadell, donde han celebrado unas jornadas para abordar los problemas de acceso a la vivienda. Para el diputado, los socialistas no están haciendo lo suficiente para que este asunto sea de “máxima prioridad” en el proyecto que impulsa Illa para Catalunya. “Es el momento de cumplir. No solo con los Comuns, sino con la ciudadanía”, ha espetado.
Exigimos que, en dos semanas, de una vez por todas, se apruebe un acuerdo de Govern para poner en marcha la oficina antidesahucios
Cid ha recordado que Catalunya es de las comunidades autónomas en las que se producen más desahucios. En los últimos días, el Govern ha hecho un planteamiento de oficina antidesahucios, pero los Comuns consideran que es insuficiente tanto en términos de calendario como de formato, ya que reclaman que no se trate de un simple “anuncio”, sino que tiene que consolidarse su creación con la aprobación por parte del Consell Executiu y su respectiva dotación presupuestarias. Según lo pactado el pasado mes de mayo, la oficina debía haber entrado en funcionamiento en septiembre con una plantilla de 50 personas.
También ha hecho mención Cid a otra de las condiciones que han puesto los Comuns para sentarse a abordar las cuentas, que es la del registro de grandes tenedores. En estos momentos está en fase de exposición pública. El diputado ha definido esta herramienta como “clave” para que se pueda cumplir la ley de vivienda y los topes a los precios de los alquileres.
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