El Gobierno asegura negociar con sus socios de investidura la senda fiscal, la piedra sobre la que erigir la arquitectura de los Presupuestos, pero reconoce estar lejos de alcanzar un acuerdo. Algunos de los grupos ni siquiera elevan sus conversaciones “genéricas” con el Gobierno al rango de negociación. Con el calendario apretando y la presión del PP de llevar al Ejecutivo al Tribunal Constitucional si no presentan en el plazo de un mes el proyecto de Presupuestos, Hacienda ha tomado la decisión de enviar ya la senda de estabilidad y el techo de gasto al Consejo de Ministros aun sin tener los votos amarrados.
Primero se deberá convocar a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF) para trasladarles su propuesta de déficit recogida en la senda de estabilidad, algo que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó que hará “en unos días”. A partir de ahí se podrá llevar al Congreso con carácter de urgencia para someter a votación en el siguiente pleno los objetivos vinculantes de déficit público.
Pese a la falta de apoyos entre los socios, la presión se dirige más al PP que a grupos como Junts. Según argumentan desde el departamento que dirige Montero, un voto en contra de los populares supondría lo mismo rechazar “más recursos” para las administraciones autonómicas e ir en contra de las propias comunidades donde gobierna.
La determinación del Ejecutivo pasa por presentar las cuentas públicas y ante la falta de avances en las negociaciones ha decidido activar el proceso. Si la propuesta de Hacienda no recibe el aval del Congreso, el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 se elaborará con la actual senda. De ahí que relativicen en el Gobierno el resultado de esta votación. Incluso apuntan que si se rechaza la senda de déficit, la Administración General del Estado contaría con más margen de gasto, en detrimento de las comunidades.
En el Ejecutivo anticipan que su objetivo pasa por incrementar las partidas destinadas a vivienda, que califican como una “cuestión fundamental”, y en servicios públicos. “Vamos a presentarlos”, insistía Montero ya este pasado fin de semana para asegurar su intención de dotarlos de “partidas históricas en preocupaciones que embargan a los ciudadanos”.
Desde Izquierda Unida, el espacio histórico dentro de Sumar, han reclamado que el techo de gasto se aumente hasta un 32%, hasta los 257.000 millones para “estar a la altura de las necesidades sociales”, poniendo el foco en un plan de vivienda pública. El ministro de Cultura de Sumar, Ernest Urtasun, apuntaba a que las negociaciones en el seno de la coalición para pactar las cuentas se encaminan “a unos presupuestos expansivos que mejoren la inversión social”.
Con cuidado de mantener vivas las conversaciones, desde el Gobierno desligan lo que ocurra en el Congreso con la senda fiscal de las posibilidades para sacar adelante los Presupuestos. Un primer varapalo, sin embargo, no haría más que elevar el precio de los socios para posteriormente dar su apoyo a las cuentas públicas. Todo ello, cuando para ERC es una línea roja avanzar en la financiación singular para sentarse a negociar, Junts persiste en no dar síntomas de acercamiento y Podemos mantiene su exigencia de romper relaciones con Israel, no aumentar el gasto militar e intervenir el mercado del alquiler.
Prórroga técnica
Frente a estas dificultades, en el Ejecutivo sostienen que negocian con “todos” y se aferran su máxima del “diálogo” para buscar puntos de equilibrio y seguir haciendo avanzar la legislatura. “Esa es la seña de identidad de este Gobierno, llevamos haciéndolo más de siete años”, concluía optimista este lunes el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y uno de los principales negociadores de Moncloa. Montero, por su parte, también evitaba resignarse a dar por roto el diálogo con los posconvergentes. “Nuestra relación con Junts hay veces que está más fluida, hay otras veces que necesita de mayor diálogo. Y estamos en el mayor diálogo”, apuntaba en declaraciones a los medios desde Barcelona.
Los retrasos en la elaboración de los Presupuestos han supuesto que Moncloa asuma ya una prórroga técnica. El compromiso es presentarlos antes de final de año, pero el proceso para someterlos a votación de totalidad no concluiría hasta ya bien entrado el año 2026.
De forma paralela se pretende presentar una reforma del modelo de financiación autonómica, donde encajar el acuerdo para la financiación singular de Catalunya pactada con ERC y allanar su apoyo a las cuentas públicas. Su intención pasa por un modelo que beneficie a todas las comunidades autónomas y que compatibilice singularidades con solidaridad, aun evitando hasta ahora comprometer el principio de ordinalidad como exigen tanto los republicanos como los socialistas catalanes, al frente de la Generalitat.
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