MAP AND SEARCH | 83 town councils join the return of the Government’s neighborhood law

El Govern ya tiene sobre la mesa los primeros candidatos a una subvención de la nueva ley de barrios. Un total de 83 ayuntamientos han presentado proyectos que aspiran a revertir situaciones de vulnerabilidad desde diferentes ámbitos: urbanístico, ambiental o social. Se trata de la recuperación de una iniciativa del gobierno de Pasqual Maragall, que Salvador Illa anunció nada más convertirse en president, nombrando un comisionado, Carles Martí, para capitanear la iniciativa.

Estas ayudas no se producían desde la última convocatoria de 2010, ha recordado Martí este jueves al valorar la buena respuesta de ciudades, pueblos y villas, por lo que había cierta “hambre”. Los 83 proyectos corresponden a 83 municipios (esta vez no se han presentado candidaturas conjuntas, como en ediciones anteriores) de 30 comarcas, correspondientes a 8 veguerías catalanas y “son representativos de la realidad del país tanto por tamaño de los mismos como por pertenecer tanto a entornos rurales como urbanos“.

Plan a cinco años vista

Los recursos destinados por el Govern en esta primera convocatoria son de 200 millones de euros, que se repartirán entre los proyectos que logren una mayor puntuación siguiendo los baremos que marca la ley y que valorará una comisión de gestión del fondo formada por 25 personas procedentes tanto de la administración catalana (principalmente la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica pero también otros departamentos), las entidades municipalistas y el tejido social.

Se elegirá a “los que más contribuyan a revertir situaciones de vulnerabilidad“, según el comisionado. Los que logren finalmente la ayuda de la ley de barrios, que irá del 50% al 70% del importe total del proyecto en función de la dimensión del municipio, tendrán hasta cinco años para desarrollarlo. Las 83 solicitudes recibidas representan una cuantía de 1.260,7 millones y la solicitud de subvención a la Generalitat (son cofinanciados por el propio consistorio o por otras administraciones) es de 777,5 millones.

Los proyectos deberán plantear transformaciones físicas del barrio -desde peatonalizar calles a mejora de iluminación o rehabilitación de viviendas-, medidas medioambientales y acciones sociocomunitarias, que pueden ir desde el fomento de la ocupación a mejoras en el comercio de proximidad o programas de integración o específicos para infancia o gente mayor.

El proceso de evaluación arranca ahora. Carles Martí, acompañado del subdirector d’Habitatge, Pep Casas, ha asegurado que las 83 candidaturas de esta primera edición pueden acabar siendo menos, al producirse equivocaciones o proyectos que no cumplan con los requisitos de la ley y, por lo tanto, queden descartadas. La Conselleria de Territori se da tiempo hasta final de año para llevar a cabo la validación y puntuación, también la corrección en el caso de que no surja como mínimo un proyecto por veguería, como establece la normativa.

Respuesta en enero

La resolución provisional, ha concretado, estará antes de final de año y se comunicará a los ayuntamientos para que, a mediados de enero de 2026, estos puedan aceptar las ayudas de la ley y activar el proyecto. El objetivo es repetir este mismo proceso a partir de la primavera, para que los ayuntamientos de la segunda convocatoria se presenten antes del 30 de septiembre y, otra vez, se resuelva al acabar el 2026. “Querríamos que fuera una política estructural, que se mantenga gobierne quien gobierne”, ha deseado el comisionado.

A pesar de que inicialmente se estimó que se podrían beneficiar unos 20 barrios por año, desde Territori han preferido no hacer cálculos sobre el número de municipios que finalmente se verán agraciados por las ayudas del Govern. También han recordado que aquellos que esta vez no resulten agraciados por las ayudas de la recuperada ley de barrios podrán optar con la misma idea a la siguiente convocatoria, porque el hecho de no ganar ahora no significa que no sea un proyecto viable.

Subscribe to continue reading