“It is a bankruptcy of the institutional system”

El PP ha puesto en marcha los mecanismos del Senado para elevar al Tribunal Constitucional un nuevo choque con el Gobierno -el cuarto que impulsan en la legislatura y el noveno si se tienen en cuenta los rifirrafes con el Congreso- ante el retraso a la hora de presentar el proyecto de Presupuestos para 2026. Los populares aseguran que se trata de “una quiebra del sistema institucional” que impide a la Cámara Alta ejercer sus funciones del control del gasto. La bancada socialista ha negado la mayor y ha recordado que Pedro Sánchez se ha comprometido a registrar el proyecto de cuentas públicas en el Congreso y negociarlo con sus socios.

“Lo que hoy debatimos es si España sigue siendo una democracia parlamentaria o si se ha convertido en un régimen gobernado por decreto, por propaganda y por conveniencia política”, ha sentenciado el portavoz del PP, Antonio Silván, antes de acusar al Ejecutivo de haber decidido “no cumplir su obligación constitucional de presentar el proyecto de ley de Presupuestos”. Bajo este argumento, los populares han empleado su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este conflicto de atribuciones y han logrado la abstención de algunos socios del Gobierno, como ERC y EH Bildu.

Tras este paso, anunciado el pasado viernes por la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, dará al Gobierno un mes para responder al Senado, si así lo desea, o dejar sin efecto la iniciativa si presentan los Presupuestos. Sin embargo, Silván ha dado por hecho que el Ejecutivo no lo hará, ya que ha optado por “una renuncia consciente a someterse al control del Parlamento”, dejando “vacía de contenido la potestad presupuestaria de las Cortes Generales“.

“Pedro Sánchez no tiene mayoría para aprobar sus presupuestos y prefiere incumplir la Constitución antes que reconocer su debilidad política“, ha sentenciado antes de avisar que la aprobación de este conflicto de atribuciones es “un acto de defensa constitucional”. “Si hoy aceptamos que el Gobierno no presente los presupuestos, mañana aceptaremos que no convoque elecciones, que no publique leyes o que decida qué partes de la Constitución aplica y cuáles ignora cada paso”, ha concluido.

El Coyote y el Correcaminos

Ante estas críticas, el senador socialista Antonio Magdaleno ha recordado que el compromiso del Gobierno y del propio Sánchez es presentar los Presupuestos y “negociar con los grupos parlamentarios”. Además, ha negado la mayor, asegurando que la ausencia de debate presupuestario suponga usurpar competencias a las Cortes Generales: “La Constitución atribuye en exclusiva la presentación de los Presupuestos Generales del Estado al Gobierno de España, no a la mayoría del PP en el Senado“.

Y recordando que los populares han usado el conflicto de atribuciones en nueve ocasiones durante esta legislatura -cinco de ellas contra el Congreso, algo que nunca había ocurrido en democracia-, Magdaleno ha ironizado con que la estrategia del PP le recuerda a “los dibujos animados del Coyote y el Correcaminos“. “Cada nuevo conflicto de atribuciones que plantean nos recuerdan a esos inventos y artilugios de la marca ACME. […] They have a very spectacular appearance, a great media staging, but their application always ends fatally. While the Roadrunner doesn’t even break his hair, the Coyote ends up falling down the gorge“, he concluded.

Los siguientes pasos

Con el conflicto de atribuciones aprobado, el Senado deberá remitir al Gobierno su petición de que presente Presupuestos y permita así a las Cortes Generales realizar su labor de fiscalización. El Ejecutivo dispondrá de un mes para dar respuesta a este escrito si así lo desea. Con independencia del resultado, la Mesa del Senado, controlada por el PP, podrá elevar la cuestión del Tribunal Constitucional pasado este plazo.

Actualmente, el tribunal de garantías ha aceptado a trámite cuatro conflictos de atribuciones impulsados por los populares desde el Senado. Dos de ellos corresponden a la modificación por parte del Gobierno de una ley tras ser aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado bajo el argumento de que se cometió un error durante su tramitación. Los otros dos por unas enmiendas aprobadas por el Senado y que la Mesa del Congreso suprimió sin debate alegando que esas modificaciones habían sido vetadas previamente por el Ejecutivo.

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