El expediente de declaración de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, al, como Lugar de Memoria Democrática caducó la semana pasada, concretamente el pasado jueves 16 de octubre. Así lo considera la Comunidad de Madrid, que presentará un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra una decisión que considera, además, “sectaria” y “contraria a la verdad”. Lo ha trasladado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
Según el propio acuerdo de declaración recogido hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el expediente se inició el 16 de octubre de 2024 y la resolución tiene fecha de 20 de octubre de este año. Son cuatro días más del plazo de un año que, a juicio de la Comunidad de Madrid, establece la ley. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática mantienen que el plazo de un año, en cambio, debe considerarse la fecha de publicación en el BOE de la incoación del expediente, esto es el 24 de octubre de 2024, con lo que la declaración estaría en plazo.
El texto del BOE de 24 octubre de 2024 en que se recoge la apertura del procedimiento señala que “conforme a lo dispuesto en el artículo 50.5 de la Ley de Memoria Democrática”, el expediente se resolverá y notificará “en el plazo máximo de doce meses desde la fecha de su incoación”. El artículo mencionado de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática reza que cada expediente “se resolverá y notificará en el plazo máximo de doce meses desde la fecha de su incoación o desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación”.
Desde el ministerio, no obstante, se insiste en que lo dicho por García Martín es incorrecto, que el plazo se inicia con la fecha de publicación de la incoación del expediente y que, por tanto, finaliza el 24 de octubre de 2025. El “error” del consejero madrileño, argumentan, es que se acoge al día en que el secretario de Estado lo firmó, el 16 de octubre del año pasado.
El Gobierno regional defiende, en cambio, que la declaración “no es válida” porque ha caducado y si el Gobierno quiere declarar la Real Casa de Correos Lugar de Memoria tendrá que volver a iniciar el procedimiento. La propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido al asunto en la red social X. “Ya tenemos placa para la Real Casa de Correos: ‘Aquí, donde un socialista demócrata enterró las dos Españas, y un socialista autócrata las intenta resucitar. Pero era tan torpe, que se le caducó la oportunidad…’”.
Le ha replicado horas después en la misma red social el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha insistido en que se está en plazo considerando la fecha de publicación del anuncio de incoación del expediente en el BOE, el 24 de octubre de 2024. “Presidenta, o le han informado mal o desinforma usted adrede, que es peor”, apunta Torres, quien añade que Ayuso ha faltado al respeto “a la dignidad de las víctimas” con un “chiste sin gracia” sobre la placa de Lugar de Memoria Democrática.
Una placa, ha remachado, “que no afecta al uso del inmueble y que debería defender cualquier demócrata”.
Referencia histórica y alegato del Ejecutivo madrileño
Previamente, el portavoz del Gobierno regional había recordado que, según un informe de la Real Academia de la Historia, la Casa de Correos, con más de 250 años de antigüedad, “tiene una vinculación evidente con el periodo de la Ilustración”, y ha subrayado que “si se desea declarar Lugar de Memoria la Dirección General de Seguridad como institución, podría hacerse, ya que tuvo distintas sedes tanto durante la República como en el franquismo”.
“Tratar de vincular el edificio con una pequeña parte de su dilatada historia sólo puede responder a un intento sectario de manosear a esta institución”, ha afirmado García Martín.
El consejero ha defendido además que la Real Casa de Correos “es un edificio completamente resignificado” y “la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, la casa común de todos los madrileños”. “Defenderemos los intereses de la institución y de los madrileños. Nos ampara la ley, la verdad y la historia. Nos avalan los expertos”, ha concluido.
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