La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha reclamado retrasar la edad de jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo hasta los 75 años y rescatar la figura de los magistrados eméritos, según especifica un informe presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El documento aporta un estudio sobre la edad de los jueces, que evidencia que “la inmensa mayoría de los actuales magistrados del Tribunal Supremo” (65, lo que equivale al 82% de la planta), se encuentra en una franja de edad por la que se jubilará en menos de diez años. “En concreto, cuatro cumplirán la edad máxima en 2026, ocho en 2027, cinco en 2028, seis en 2029, cinco en 2030, doce en 2031, diez en 2032, cinco en 2033, siete en 2034 y tres en 2035”.
“En el caso del Tribunal Supremo, la situación coyuntural que atraviesa precisa el establecimiento de dicha medida de prolongación de la edad de jubilación de sus magistrados de modo urgente“, prosigue el informe, cuyo ponente es el vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitry Berberoff.
“Intensa transformación”
En el documento se concretan los motivos de esa necesidad imperiosa, que tiene su origen en “la incorporación en un periodo de escasos meses de casi una tercera parte del total de la planta de magistrados del Tribunal Supremo”, lo que ha provocado “una intensa transformación del Alto Tribunal“. Así, y pese al desempeño de las funciones jurisdiccionales de los nuevos magistrados, esta dedicación “no alcanza un rendimiento pleno, equiparable al de los magistrados veteranos, hasta trascurrido cierto tiempo”.
Y esto viene provocado porque “la exigencia de calidad en las resoluciones jurisdiccionales, en grado de excelencia, imperativa por tratarse del Tribunal Supremo y la altísima especialización que presenta la jurisdicción en la actualidad, impone una especial dedicación por parte de los magistrados recién incorporados, que requiere de cierto periodo de tiempo”.
Además, el informe dirige “la mirada hacia un horizonte temporal más lejano; y de ahí que se suscite, como se indicaba más arriba, la imperiosa necesidad de valorar medidas destinadas a la consolidación y prolongación de una plantilla estable, de modo que la actividad del Tribunal Supremo mantenga la homogeneidad deseable a fin de cumplir con la misión que tiene legalmente encomendada de conformar la jurisprudencia”.
Cambios escalonados
Asimismo, la ampliación tres años de la edad de jubilación máxima, que ahora es de 72 años, pretende lograr que los cambios de plantilla sean “escalonados, de modo que el relevo de magistrados se produzca de modo paulatino y no abrupto, evitándose así que el necesario periodo de adaptación a que se hacía referencia produzca distorsiones negativas en la dinámica de funcionamiento del Tribunal”.
Precisamente, una extensión de la jubilación entre los jueces y magistrados españoles podría tener incidencia en diferentes causas mediáticas, como por ejemplo el caso Begoña Gómez, cuyo instructor Juan Carlos Peinado cumplirá 72 años en septiembre de 2026; y el caso Koldo, cuyo responsable en la Audiencia Nacional Ismael Moreno se jubilará en septiembre de 2027. El presidente de la Sala de lo Penal del propio Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta llegará a 72 años en abril de 2027, por lo que hipotéticamente podría permanecer en el cargo, aunque todo dependería del contenido de la modificación legal que se acordara al respecto, según explican a este diario las fuentes consultadas.
Solo para el Supremo
Consciente de la repercusión que podría tener alargar la edad de jubilación de todos los jueces españoles, la Sala de Gobierno propone circunscribir la iniciativa a los magistrados del Supremo: “Si tales óbices impidieran que, en la actual coyuntura, se establezca dicha edad máxima de jubilación de modo común para toda la carrera judicial, tal y como se ha venido regulando hasta la actualidad, la medida podría ceñirse al ámbito del Tribunal Supremo, órgano en que, por la razón antedicha, resulta absolutamente necesaria“, una decisión para la que “no se detecta impedimento jurídico alguno”.
En cuanto a la reinstauración de la figura del magistrado emérito del Tribunal Supremo, se debería aplicar a los magistrados que lo solicitaran, “también hasta los setenta y cinco años. Como sucedía con anterioridad a la reforma, la figura del magistrado emérito podría integrar también a los suplentes de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales”, concluye el escrito, que propone concretas modificaciones del marco normativo.
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