FRACTURE IN THE CGPJ| Open war between the progressives and President Perelló over the plenary session that fractured the CGPJ

Tras el polémico pleno del Consejo General el Poder Judicial del pasado jueves, que supuso una fractura total entre nueve vocales progresistas y el bloque conservador al que se sumaron uno de los miembros de este órgano que integra la cuota de Sumar, Carlos Hugo Preciado, y la propia presidenta del órgano, Isabel Perelló, el enfrentamiento se recrudece.

Se repartían los cargos internos para todo un año, eligiendo qué vocales y de qué bloque integrarían cada Comisión y grupo de trabajo, pero la falta de acuerdo hizo estallar el consenso que parecía funcionar desde que el órgano comenzó su mandato el pasado mes de septiembre.

Tras la publicación en la web del Consejo de una nueva nota de prensa este martes explicando los pormenores del citado pleno –que no ha sido distribuida a los medios de comunicación como si se hace con otras informaciones que se consideran de interés– el bloque progresista ha emitido en la noche de este martes un duro comunicado en el que acusan directamente a la presidenta Perelló de difundir un relato no consensuado.

“Es la ruptura consciente del consenso que había regido este primer año, un golpe a la representatividad plural y una grave distorsión de la colegialidad institucional”, señalan en un comunicado al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El desacuerdo consiste en que mientras desde la versión de la presidenta, que coincide con el bloque conservador, la Comisión Permanente –clave en el día a día del órgano– se mantiene con el mismo equilibrio entre conservadores y progresistas, estos últimos discrepan porque se votó una lista que en su cuota se incluye a Preciado. Este vocal se ha venido desligando del voto conjunto de sus compañeros de sensibilidad y en las votaciones de mayor trascendencia viene coincidiendo con el grupo contrario.

Puntos de ruptura

Los vocales Ángel Arozamena, Lucía Avilés, Ricardo Bodas, Esther Erice, Bernardo Fernández, José María Fernández Seijo, Inés Herreros, Luís Martín Contreras y Argelia Queralt señalan, pese a que la nota de prensa habla de cumplimiento de la ley, que la presidenta ha impuesto la renovación total, ignorando el consenso previo —compartido incluso entre sectores— sobre lo innecesario y perturbador de alterar comisiones que funcionaban correctamente y desarrollaban proyectos de medio y largo plazo”.

También apuntan que la presidenta Perelló exigía que el vocal Preciado fuera “contabilizado” como vocal del grupo progresista, “lo cual él mismo rechaza, como nos ha manifestado a los miembros del grupo y ha explicitado públicamente”, apuntan. También discrepan sobre lo que dice la nota de que la propuesta de reparto de comisiones que postulaba el grupo progresista estuviera incompleta.

“Esta afirmación es falsa: en los puntos 21, 22 y 24 del orden del día del Pleno aparecían las 3 propuestas (la de 9 vocales progresistas, la de Preciado y la de los 10 vocales conservadores, respectivamente). Todas ellas seguían el mismo modelo que consistía en incluir la composición de cada una de las comisiones solo con miembros del grupo proponente (el vocal Preciado solo proponía su nombre)”.

Al advertirse en el Pleno que solo la propuesta progresista llegaba incompleta (la de los conservadores y la de Preciado llegó a votación incluyendo nombres de todos los grupos)”, la presidenta determinó que no procedía llevarla a votación y ganó la de Preciado, que coincidía con la de los conservadores.

“Con su actuación, la presidenta ha quebrado también las condiciones básicas de confianza que ella misma había proclamado al inicio del mandato. Las posibilidades de conciliación familiar y respeto personal, que debían ser pilares del nuevo Consejo, han sido recortadas hasta desaparecer bajo una lógica de exclusión e imposición“, concluye el bloque que ha quedado en minoría.

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