Sumar rechaza la limitación de la acusación popular que plantea la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) aprobada este mismo martes por el Consejo de Ministros y liderada por el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños. El socio minoritario de Gobierno hizo pública su disconformidad con la propuesta cuando todavía se estaba produciendo la rueda de prensa en Moncloa para detallar la medida, advirtiendo de que “no apoyará en el Congreso de los Diputados” esta limitación.
El ala liderada por Yolanda Díaz en el Gobierno emitió este martes un comunicado anunciando que “rechaza la limitación de la acusación popular en la reforma de la Lecrim”, al considerar que “limita la capacidad del ejercicio de la acusación por parte de asociaciones, sindicatos y sociedad civil”.
En este punto, Sumar argumenta que “a lo largo de los últimos años este instrumento se ha demostrado como imprescindible para el control de la sociedad civil sobre los abusos del poder económico y político”.
En este sentido, desde este movimiento aseguran que en el Consejo de Ministros han “mostrado su disconformidad” y advierten de que el grupo parlamentario “no apoyará en el Congreso de los Diputados la limitación de la acusación popular, sino que trabajará para su fortalecimiento así como para introducir más previsiones garantistas en la ley”.
Además, reclaman introducir dos asuntos, para que la nueva ley “contenga más mecanismos de protección de los derechos fundamentales en el debido proceso”, y por otra parte “facilite el uso de las lenguas cooficiales del Estado”.
Limitaciones de la acusación popular
El ministro Bolaños, en rueda de prensa desde Moncloa, señaló que “es evidente que la acusación popular es un instrumento utilizado por asociaciones ultras, bien financiadas, para perseguir a personas honestas, progresistas y sus entornos sólo por ser progresistas”, en una referencia velada.
Así, apuntó a tres limitaciones; el primero, por el que determinadas organizaciones no podrán formular acusaciones populares: instituciones públicas, partidos políticos y sindicatos. El segundo límite, fijado en el artículo 103 de la nueva ley, limita los objetos en los que puede personarse una acusación popular y fjia un catálogo de delitos susceptibles de personación. La tercera limitación es la “necesidad de que haya una vinculación legítima entre la acusación que ejerce la acusación popular y el objeto del procedimiento”, para evitar el “uso espúreo de organizaciones ultras”.
El titular de Justicia insistió en que su objetivo es “modular la acusación popular”. La norma, además, atribuye a la Fiscalía la instrucción de los casos y la investigación, en lugar de que lo hagan los jueces, como se ha venido haciendo hasta ahora. “Conceder la instrucción penal a los fiscales nos europeíza”, defendió el dirigente.
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