The Supreme Court confirms the compensation to one of the prosecutors pressured by Leire Díez for the internal investigation he suffered

El Tribunal Supremo ha inadmitido, por “falta de fundamentación suficiente”, el recurso que presentó la Abogacía del Estado contra la indemnización de 4.000 euros que le fue concedida al fiscal de Madrid Ignacio Stampa –uno de los que se ha querellado contra la exmilitante del PSOE Leire Díez por intento de soborno–, una compensación relacionada con la “innecesariamente larga” investigación interna que sufrió en su día y que acabó costándole la plaza en Fiscalía Anticorrupción.

Stampa, que prestará declaración el próximo miércoles ante el juez que tramita el caso contra la exmilitante por manejos contra miembros de la Fiscalía y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, advirtió a sus superiores de que la exmilitante socialista Leire Díez le había dicho que trasladaría al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el contenido de una reunión que mantuvo con él en mayo pasado. En ella se habrían tratado las circunstancias que motivaron que no lograra plaza fija en Anticorrupción en el año 2020, pero también se le solicitaron pruebas de “irregularidades en informes policiales y de los fiscales”.

Salpicó a García Ortiz

La indemnización que ahora se confirma por el Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Ángeles Huet, tiene que ver con una investigación interna a la que Stampa fue sometido por su relación con una abogada personada en la pieza Dina del macrosumario contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo. La prórroga de estas actuaciones acabó salpicando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por entonces número dos de su predecesora Dolores Delgado, quien se vio obligado a dar explicaciones públicas.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el Supremo rechaza tramitar el recurso de los Servicios Jurídicos del Estado por dos razones. Por un lado, apunta a la “falta de fundamentación suficiente” del recurso de la Abogacía con respecto de la concurrencia de los supuestos previstos en la ley. Y en segundo término por la carencia de interés casacional, “sin que se haya justificado suficientemente, ni aprecie esta Sección de Admisión, la necesidad de completar, matizar o precisar la jurisprudencia ya existente para un supuesto como el analizado”.

De este modo, se confirma la validación que hizo el pasado mes de febrero la Audiencia nacional sobre este asunto, al estimar en parte el recurso de Stampa. El fiscal apuntaba en su recurso a presuntas irregularidades cometidas “por inspiración de la Fiscalía General del Estado” por interés de su entonces titular, Dolores Delgado, en apartarle de Anticorrupción y del conocido como ‘caso Villarejo’.

El fallo de la Audiencia señalaba que, al momento de participar en el concurso de ocho plazas vacantes en Anticorrupción, Stampa estaba siendo investigado por su presunta relación con una de las abogadas del partido Podemos en la macrocausa contra Villarejo. Agrega que esa investigación en su contra se prolongó y no se archivó “de forma más temprana, como había solicitado el instructor”, por las actuaciones propuestas por sugerencia de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, a cargo entonces de Álvaro García Ortiz, que no dieron “ningún resultado”.

La Audiencia apreció demora de las diligencias de investigación, el sometimiento a unas diligencias pre procesales más allá de lo que era preciso en orden a alcanzar una evidencia, cuando existía propuesta de archivo”. Por ello concluyó que “la duración innecesaria de las diligencias de investigación de referencia, con daño moral para el demandante, lleva a una indemnización por daño moral”. Stampa había solicitado 40.000 euros.

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