Almeida accuses the Interior of forcing the VioGén agreement to be rewritten

En la misma semana en la que se ha producido el segundo asesinato machista en lo que va de año en la región, el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno central se han enzarzado en un nuevo rifirafe político a cuenta de la violencia de género. El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al Ministerio de Interior de obligar al Consistorio a rehacer desde cero el convenio VioGén, l sistema de colaboración entre administraciones para la protección de las víctimas de violencia de género, pendiente de renovación desde 2018.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios tras la Junta Local de Seguridad celebrada este viernes en la sede de la Delegación de Gobierno, en las que ha acusado a Moncloa de seguir “usando VioGén como elemento de confrontación”. Almeida ha recordado que las negociaciones comenzaron en 2024 con la Secretaría de Estado de Seguridad y que, tras meses de trabajo, el Ministerio comunicó el pasado 21 de octubre que “no hay acuerdo posible” y que debía iniciarse de nuevo todo el proceso.

Según el regidor popular, Interior dio su visto bueno inicial al borrador y pidió una memoria económica sobre el impacto presupuestario para el Consistorio. “Ese documento se envió en julio y no obtuvimos respuesta en más de tres meses”, ha señalado, lamentando que ahora el Ministerio exija rehacer el convenio pese a tenerlo “completamente cerrado”, como afirmó este jueves la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

Al hilo de estas palabras, fuentes de la institución que preside Francisco Martín negaron ayer por la tarde que exista ningún acuerdo y precisaron que el Ministerio ha pedido mantener una reunión con el Ayuntamiento para abordar las “discrepancias” que separan a ambas administraciones.

Volviendo a este viernes, Almeida ha subrayado que la Policía Municipal de Madrid “es el cuerpo local con más víctimas y órdenes de protección asignadas de toda España” y ha defendido que las medidas municipales “son muy superiores” a las previstas en el modelo estatal. “El acuerdo que quieren que firmemos tiene un estándar de protección inferior al que ya proporcionamos”, ha recalcado.