Bolaños defends that his law will not affect García Ortiz or the case against Begoña Gómez

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió este martes el nuevo texto que modifica la ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros. Entre las novedades de la norma que será remitida al Congreso otorga a los fiscales la instrucción de los casos penales y regula las acusaciones particulares. Dos aspectos por los que ha sido criticado este proyecto y a los que quiso Bolaños responder para “despejar bulos”. Para ello, aseveró que la nueva ley entrará en vigor en 2028 y “será aplicada por el fiscal general que decida el Gobierno que salga de las urnas en 2027”.

“Yo espero, desde luego, que sea un gobierno progresista, pero en ningún caso podrá ser fiscal general en 2028 Álvaro García Ortiz porque está agotando su segundo mandato en este momento”, aclaró Bolaños, para, acto seguido, ahondar en que esta nueva ley “afectará a todas las causas que se incoen a partir de 1 de enero de 2028, es decir, no afecta en nada a ninguna de las causas que hoy están llevándose” a cabo.

“Con estas dos ideas, bien sencillas, bien objetivas” el ministro señaló que “se desmontan gran cantidad de bulos que se están contando sobre esta nueva ley de enjuiciamiento criminal”, en referencia a las críticas a que la modificación es para dar más poder a los fiscales que dependen de Ortiz, y por ende, del Gobiernpo que el Ejecutivo es quién nombra al Fiscal General del Estado. Y, en segundo lugar, porque aprueban la ley con modificaicones sobre las acusaciones particulares por los casos que bordean al presidente del Gobierno, como los casos de su mujer, Begoña Gómez, o su hermano David.

Así lo dijo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que sacó pecho de que es el primer ministro de Justicia que logra llevar hasta el Congreso, para que inice su trámite parlamentario, la modificación de la lecrim, una norma que data de 143 años después.

Bolaños explicó que, cuando vea la luz esta ley que aun tiene que pasar por las Cortes, la investigación penal que no se denominará en la ley como instrucción, sino que se denominará investigación penal y recae en el Ministerio Fiscal “siempre con la supervisión, con la tutela del juez de garantías. El juez de garantías, añadió, es el que estará asignado para que pueda confirmar o revocar las decisiones que adopte el fiscal en su investigación penal”. Esto supondrá, según el ministro, que sea más “agil” la instrucción porque “no todas las resoluciones del fiscal serán recurribles, que es lo que pasa ahora”.

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