BUDGETS 2026 | The delay of the anti-eviction office slows down the start of budget negotiations between the Government and the Commons – Bundlezy

BUDGETS 2026 | The delay of the anti-eviction office slows down the start of budget negotiations between the Government and the Commons

Mientras en Barcelona el alcalde Jaume Collboni ha logrado hacer despegar los presupuestos de 2026 de la mano de ERC y de los Comuns, al president Salvador Illa se le resisten. No solo porque, por exigencia de los republicanos, el Govern está a la espera de que la Moncloa mueva ficha con la financiación singular, sino porque el grupo de Jéssica Albiach mantiene firme su exigencia en materia de vivienda y exige saldar las deudas pendientes. Una de ellas, clave para que se sienten a negociar, es la oficina antidesahucios que está diseñando la conselleria que comanda Sílvia Paneque. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Executiu ha puesto encima de la mesa una propuesta que no satisface a los Comuns ni en términos de calendario ni de contenido.

El acuerdo suscrito por ambas partes el pasado 5 de mayo recogía que la oficina para prevenir y actuar en casos de desahucios debería estar dotada con un mínimo de 50 personas y se pondría en marcha en septiembre. A la vista está que se ha superado ese margen de tiempo, algo que los Comuns achacan a la falta de dedicación del departamento encargado de hacerla realidad. En la reunión que mantuvieron a finales de septiembre con el Govern ya advirtieron de esa “lentitud”, por lo que el ejecutivo se comprometió a resolver tanto la oficina como el registro de grandes tenedores este mismo mes de octubre.

Un acuerdo del Consell Executiu

El caso es que el esbozo temporal que hacen desde la Generalitat para la oficina es insuficiente para los Comuns, que reclaman medidas que tengan un impacto “inmediato” para paliar la gran necesidad en materia de vivienda. También son exigentes con el formato. El grupo de Albiach advierte de que no le basta con un simple anuncio o compromiso verbal y que es imprescindible que la creación de la oficina sea una decisión aprobada por el Consell Executiu con partida presupuestaria asociada, como sucedió con la creación del cuerpo de inspectores que tienen que velar por el cumplimiento de la ley de vivienda e imponer sanciones. En los próximos días, el partido va a redoblar su insistencia en estas condiciones. El registro de grandes tenedores sí que está más encauzado y ya en fase de exposición pública.

The president of the Generalitat, Salvador Illa, laying the first stone of a promotion of officially protected housing / MANU MITRU

Por ahora, el Govern ha pedido este mes de octubre para tratar de dar cumplimiento a las demandas de sus dos socios, pero el calendario corre y no se vislumbra por ahora ni que los presupuestos vean la luz ni que la negociación empiece con ERC o los Comuns. Illa no quiere dar el paso de presentar las cuentas sin haberlas pactado antes porque eso soliviantaría a sus socios prioritarios y aumentaría el riesgo de que fracasen, pero al mismo tiempo siente el aliento de sindicatos, patronales y entidades municipalistas reclamando que, esta vez sí, logre salir del escenario de prórroga.

Con la vista puesta en Madrid

En el Ejecutivo ven muy difícil que a 1 de enero de 2026 haya nuevos presupuestos vigentes, aspiración que marcó el inicio del curso y que han dejado de verbalizar. “Es muy justo”, admiten, pese a que los últimos que entraron en vigor en tiempo y forma -los de 2022- fueron registrados a principios de noviembre. Aunque públicamente tratan de desvincular la negociación de las cifras catalanas de la de la financiación, fuentes del Govern reconocen que una va a remolque de la otra y que está en el aire cuándo llegarán los avances en materia de financiación que reclama ERC. Es por eso que tratan de compasar el calendario de la Generalitat con el ritmo de la Moncloa. Aunque la pregunta para la que no tienen respuesta es hasta cuándo puede el president demorar los presupuestos y si llegará un punto en el que, si nada se mueve, tomará la iniciativa y activará la presión sobre ERC y Comuns.

Para el Gobierno de Pedro Sánchez no es sencillo dar el paso ahora que ha logrado apretar las tuercas al PP situando en la agenda el blindaje constitucional del derecho al aborto o el embargo de armas a Israel y la denuncia del genocidio en Gaza. Abrir el melón de la financiación supone también darle un vuelco a una agenda con la que en estos momentos trata de levantar cabeza. Aún así, en el Govern dan por seguro que este otoño habrá novedades y concreciones sobre el modelo singular y que, cuando eso suceda, la negociación de los presupuestos se abrirá de par en par aunque sea más tarde de lo inicialmente previsto. E Illa, aseguran, tiene posibilidades de salir exitoso de ella porque confían en la “responsabilidad” de ERC y Comuns si quien que haya recursos para sufragar los acuerdos sellados. El escenario de darse de bruces, por ahora, ni lo contemplan.

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