El último asunto con el que el Gobierno ha tratado de monopolizar la agenda política de la semana es el cambio horario. La propuesta anunciada porel propio Pedro Sánchez en un vídeo a primera hora del lunes, antes de llevarla al Consejo de Energía de la UE, consiste en acabar con esta práctica que “ya no tiene sentido”. La principal justificación que se desprende, más allá de cuestionar el ahorro energético y valorar su impacto negativo en la salud, es el amplio apoyo social a estas medidas. Concretamente del 84%, según los sondeos a los que aludió el jefe del Ejecutivo tras la cumbre de líderes euromediterráneos celebrada en Eslovenia y que expone cada vez que tiene ocasión. A las encuestas se acude también para poner en valor y presionar a la oposición respecto a medidas como la lucha contra el cambio climático, en aras de promover un pacto de Estado, el blindaje del derecho al aborto en la Constitución o el embargo de armas a Israel por el “genocidio” en Gaza.
Medidas todas ellas con las que el Ejecutivo ha tratado de monopolizar la agenda y tomar la iniciativa desde el arranque del curso político. Propuestas que se han defendido por su apoyo transversal entre la ciudadanía, incluyendo el electorado conservador. Lo que para el PP son “cortinas de humo” para tapar los avances en las investigaciones judiciales que cercan al Gobierno, para Moncloa son medidas avaladas por un amplio respaldo social. Medidas efectistas para mayorías transversales que dotan a la legislatura de un aura de precampaña permanente. Algo que no dejan de reconocer en Moncloa, normalizando esta forma de gobernar pero para alejarla de cualquier intención de adelanto electoral. Todo ello, cuando la amenaza de Junts de soltar amarras se intensifica.
“¿Qué es la política útil? Bueno, pues la que escucha a los ciudadanos, también a la ciencia, y los lleva a su legislación”, concluía Sánchez en un inusual video grabado colgado en las redes sociales. Para no perder este carácter transversal de la propuesta, tanto Sánchez como desde Moncloa evitan posicionarse sobre si España se decantaría por seguir el horario de invierno o de verano en caso de salir adelante su propuesta. “Más allá de cual prefiero, lo importante es acabar con el [cambio de hora]”, concluded the head of the Executive when asked directly about it at a press conference after the MED9 summit.
La decisión de blindar ahora el aborto en la Constitución aprovechando la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid a informar sobre el “síndrome postaborto” y el rechazo de Isabel Díaz Ayuso a crear un registro de sanitarios objetores, como mandata la ley, es llamativa respecto a esta nueva estrategia porque hasta ahora se había resistido el Gobierno.
Tanto el PSOE como el ministerio de Igualdad siempre se mostraron reacios a esta propuesta de Sumar, rescatada hace más de ocho meses coincidiendo con el 8M. En el Ejecutivo reconocen que la reforma se planteó a través de una proposición de PSOE y Sumar, pero justifican la decisión de hacerlo mediante proyecto de ley del Gobierno para contar previamente con el “aval técnico” del Consejo de Estado y tener una mayor “seguridad jurídica” cuando se produzca el debate parlamentario. Su tramitación, además, arrancará en torno al mes de enero, a las puertas de la campaña de las elecciones de Castilla y León.
Una medida que trata de copar banderas de la izquierda en un contexto en el que el espacio a la izquierda del PSOE no acaba de remontar en las encuestas y se mantiene fragmentado. Por otra parte, entra al choque con el sector duro del PP, azuzando cierta división interna y cuestionando el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.
Batalla territorial
Los frentes con Ayuso se han multiplicado, de forma más o menos artificial y siempre recíproca. Un pegamento para cohesionar a la izquierda y que actúa como elemento movilizador del votante progresista de cara al horizonte electoral en el que, tras las elecciones de Castilla y León, están previstas las andaluzas, donde la cabeza de lista del PSOE será la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Desde Moncloa se redobla así la batalla cultural con el poder territorial del PP en la diana y un instrumento para ello será el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. La intención es confrontar modelos exhibiendo partidas “históricas” en materia de vivienda o servicios públicos frente a las privatizaciones que achacan a los presidentes del PP o su rechazo a aplicar la ley de vivienda declarando zonas tensionadas que permitan congelar los alquileres.
El PP refuerza su ofensiva
Como aperitivo de las cuentas públicas, la presión ante la falta de apoyos para la senda fiscal, el primer paso necesario para elaborar los Presupuestos, se dirige más al PP que a grupos como Junts. Según argumentan desde Hacienda, un voto en contra de los populares supondría lo mismo rechazar “más recursos” para las administraciones autonómicas e ir en contra de las propias comunidades donde gobierna.
Mientras el Ejecutivo se abona a esta una sucesión de propuestas y anuncios, Génova se centra en su ofensiva por el caso Koldo para centrar el debate político en una supuesta financiación irregular del PSOE. Una acusación que llevan semanas agitando y que refuerzan tras el informe de la UCO sobre los pagos en metálico al ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, y la decisión del juez de citar a declarar como testigos al ex gerente y una secretaria de Ferraz. “Hace algunas semanas dudar de la financiación del PSOE era fango, y ahora es el Tribunal Supremo es el que dice que no están claras y que por eso tienen que declarar algunas personas”, argumentaba este martes la portavoz parlamentaria de los populares, Ester Muñoz.
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