El presidente de Aragón sigue defendiendo que el adelanto electoral es “la última opción” en la comunidad y que su “principal objetivo” sigue siendo aprobar los presupuestos para 2026. Para lograrlo, necesita los votos de los siete diputados de Vox, los únicos capaces de otorgarle la mayoría parlamentaria necesaria en las Cortes de Aragón. Después de la fractura del Gobierno de coalición con la ultraderecha en el verano de 2024, Jorge Azcón fue uno de los presidentes autonómicos del PP que no logró aprobar los presupuestos para 2025 y, ahora, se encamina a no poder sacar adelante las cuentas para 2026.
Con las relaciones rotas con Vox desde la última semana, y su homóloga extremeña (María Guardiola) abriendo la caja de los adelantos electorales después de no haber podido aprobar los presupuestos, Aragón y Extremadura llevan dos años de caminos paralelos, tanto en la formación del Gobierno de coalición como en la ruptura con Vox, mientras otras características de sendos Ejecutivos distancian el diagnóstico, el relato y las opciones con que cuentan ambos dirigentes para definir el futuro de sus respectivas comunidades autónomas.
Fue el 23 de junio de 2023 cuando el PP sellaba con Vox un acuerdo ‘in extremis’ que hacía presidenta de las Cortes de Aragón a la polémica diputada de Vox Marta Fernández, después de unas negociaciones de infarto, salpicadas de comunicados filtrados y de tensión, ya que ya entonces los votos de la ultraderecha eran los únicos que garantizaban la investidura de Azcón. El 30 de junio de 2023, María Guardiola firmó su pacto con Vox tras decir días antes que nunca lo haría, y entregaba la consejería de Gestión Forestal a la ultraderecha.
Ana Alós (PP) and Alejandro Nolasco (Vox) sealed the coalition government pact at the beginning of August 2024. / EL PERIÓDICO
Un pacto de once meses
En Aragón, el pacto entre PP y Vox para conformar un Gobierno de coalición en Aragón se selló el 4 de agosto de 2023. Alejandro Nolasco y Ana Alós rubricaron un acuerdo basado en 80 puntos que apenas llegó al año de vida, y que se concretó en la derogación de la ley de Memoria democrática de Aragón y pocos pasos concretos más. En ese pacto, Vox se aseguró además de la presidencia de las Cortes la vicepresidencia del Gobierno de Aragón, la consejería de Agricultura y Medio Ambiente y la consejería que dirigía el mismo vicepresidente Nolasco, con Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia.
En ambas comunidades, el Gobierno de coalición no llegó a un año de duración. Apenas pasaron once meses hasta que el 11 de julio de 2024 Santiago Abascal anunció desde Madrid la dimisión de todos los consejeros de Vox, que rompían los pactos con el PP por la política migratoria, en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Aragón.
Al día siguiente, el vicepresidente Alejandro Nolasco anunció su dimisión, aunque dejó la puerta abierta a apoyar desde fuera a Azcón. El consejero de Agricultura, Ángel Samper, que se había afiliado a Vox apenas diez días antes, hizo el amago de quedarse en el Gobierno aragonés, pero Azcón ya tenía sustituto para él, Javier Rincón, con carnet del PP. Ese mismo día 12, Samper se dio de baja como militante de Vox y acusó a Abascal de tirar el partido a la basura, pero no siguió formando parte del Gobierno del PP. Sin embargo, en Extremadura, el consejero de Vox de Gestión Forestal se salió del partido de ultraderecha y siguió en el Gobierno de María Guardiola, hasta hoy.

The Minister of the Treasury, Roberto Bermúdez de Castro, in the Cortes. / Jaime Galindo
Las prórrogas presupuestarias
Con los gobiernos rotos en verano y con unos presupuestos por aprobar, tanto en Aragón como en Extremadura se volvieron a repetir las reuniones de cara a salvar las cuentas de 2025. Ni unos ni otros lo lograron. Guardiola comunicó la prórroga presupuestaria en enero. Y en Aragón, aunque la prórroga se hizo efectiva oficialmente el 31 de diciembre, no fue hasta bien entrado el mes de mayo cuando el presidente aragonés y el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, dieron por perdido el presupuesto para 2025.
En todo ese tiempo, la estrategia de Jorge Azcón pasó por no presentar un proyecto presupuestario a las Cortes de Aragón mientras no tuvieran atados los acuerdos. Por no llevar, no se votó siquiera el techo de gasto en el Parlamento aragonés.
Visto el fracaso entonces, el PP tomó para 2026 el otro camino posible. El que le lleva a tener que presentar los presupuestos antes de que acabe el año 2025, tal y como marca la ley, mostrar sus cartas y sus planes para la comunidad autónoma, y que sea Vox el que quede retratado por negarse a aprobar el proyecto de presupuestos “más alto de la historia”. Habrá partidas al alza en Sanidad y Educación y está prevista puesta en marcha de grandes infraestructuras pendientes, como el hospital Royo Villanova o el centro de salud de Arcosur, así como la cacareada bajada de impuestos que exige Vox desde que apoyó la investidura de Azcón.
En las últimas semanas, Guardiola ha dado pasos adelante más rápido que su homólogo aragonés. El pasado 29 de septiembre citó a los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos) para abordar la aprobación de los presupuestos. El día 15 de octubre, los aprobó en el Consejo de Gobierno. Los presupuestos “más altos de la historia de Extremadura”, de más de 8.600 millones de euros, que no ha sido capaz de aprobar. Así, anunció el adelanto electoral para el 21 de diciembre, el primer anticipo en la historia de Extremadura.

The president of Aragón, Jorge Azcón, in a recent press conference. / MIGUEL ANGEL GRACIA
El vértigo del adelanto electoral
También sería, de producirse, el primer adelanto electoral en Aragón. Hasta ahora, todas las legislaturas han durado cuatro años en la comunidad autónoma. Todos los presidentes autonómicos han agotado sus mandatos, salvo en el caso de la moción de censura que expulsó del Gobierno el aragonesista Emilio Eiroa, que gobernaba en coalición con el PP, por el voto tránsfuga de Emilio Gomáriz, que le entregó las llaves del Pignatelli al socialista Pepe Marco. Al PP le ha costado 8 largos años de oposición volver al Pignatelli, y un adelanto electoral puede implicar perder el poder.
El riesgo de un adelanto electoral es evidente. Es casi empezar de cero, o arriesgarse a que todo siga igual. Porque otros momentos de inestabilidad política y de fragilidad de los gobiernos autonómicos ya se han vivido en Aragón, y ningún presidente ha osado apretar el botón del adelanto electoral todavía.
El juego de equilibrios también da un cierto margen al presidente aragonés. Azcón tiene otros posibles socios electorales, más allá de Vox, que podrían darle una salida airosa si se produce otra aritmética electoral en esa hipotética cita con las urnas. En Extremadura, Guardiola solo contaba con el volátil apoyo de Vox para poder dibujar cualquier escenario de futuro.
En la comunidad autónoma, tanto Teruel Existe como el PAR ya han hecho pactos con el PP, en las Cortes de Aragón y en otras instituciones, y podrían volver a hacerlos. El abanico de acuerdos es algo más amplio. Pero los números son los que son, ahora, y en mayo de 2023. E igual que Azcón no salió a celebrar la victoria electoral hasta que el último diputado cayó del lado de Vox, ahora los de Vox siguen siendo necesarios e imprescindibles para aprobar las cuentas de 2026. Y si no lo hacen, una nueva cita con las urnas pondrá el contador a cero. O podría demostrar que Azcón sigue necesitando a la ultraderecha. No hay una salida clara. La decisión depende del presidente de Aragón. Pero Feijóo marcó hace tiempo la línea roja en las dos prórrogas presupuestarias, y el líder del partido es el líder.
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