El juez Juan Carlos Peinado ha dado tres días a las partes personadas en la causa que se sigue contra Begoña Gómez, para que se pronuncien sobre la alegación del fiscal que insta el sobreseimiento de las actuaciones respecto del Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, dado que esa fue la medida que se adoptó respecto a la actual secretaria general de Moncloa, Judit González Pedraz, que le sustituyó en el cargo. El primero sigue imputado, pese a compartir responsabilidades con la segunda, que quedó exonerada tras declarar ante el magistrado, en relación con la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la esposa de Pedro Sánchez.
En su providencia, el juez explica que cuando resolvió el recurso en el que la defensa de Begoña Gómez se oponía al auto en el que daba impulso a la causa por el tribunal del jurado todavía no se había producido la comparecencia de la persona que sustituyó a Martín Aguirre en la Secretaría General de Moncloa, Judit González, por lo que no se pronunció al respecto.
Pero esa situación ha cambiado, como le ha hecho ver el ministerio público en un escrito en el que llamado la atención sobre “lo extraño de la situación, toda vez que en una situación idéntica” a la de González “se mantiene la condición de investigado de Francisco Martín Aguirre: mismo puesto, misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia, misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que impliquen conocimiento de nada”. La fiscalía destaca que mientras uno estaba imputado, sobre la otra se había decretado el sobreseimiento libre.
No corrigió el desvío
Frente a la posición del ministerio público, las acusaciones consideran que la posición de Martín no es equivalente a la González, porque él sí dijo conocer las funciones que desarrollaba Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno. En su escrito Hazte Oír argumenta que “el investigado tenía una posición de conocimiento efectivo y directo sobre la estructura, las funciones y la operativa del personal eventual de la Secretaría General, así como sobre los mecanismos de control interno en la asignación de tareas y uso de recursos públicos”.
Esa “posición comportaba, de forma inherente, el deber de garantizar que los medios personales y materiales de la Presidencia del Gobierno fueran empleados exclusivamente en el marco de las funciones institucionales que justificaban su financiación pública”.
Pese a ello, “no adoptó ninguna medida para impedir o corregir la desviación de medios públicos hacia fines privados, permitiendo que durante años se consumara un uso espurio de fondos del Estado. Por ende, resulta procedente en este momento procesal mantener su condición de investigado”, señala la acusación.
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The post Judge Peinado asks the parties in the Begoña Gómez case if they file the case against the Government delegate in Madrid appeared first on Veritas News.
