Junts ha votado a favor al primer proyecto de ley del Gobierno que se ha debatido en el Congreso desde que este lunes el líder del partido, Carles Puigdemont, anunciara la ruptura de las relaciones con el Ejecutivo. A diferencia de lo que ocurrió este martes, cuando los posconvergentes se abstuvieron ante dos iniciativas del PSOE, este miércoles han dado su visto bueno al proyecto de ley de Servicios de Atención a la Clientela alegando que se trataba de un pacto previo. La norma incluye la obligación a las grandes empresas de responder las quejas de sus clientes en cualquier de las lenguas cooficiales -catalán, euskera y galego- cuando operen en una de las comunidades autónomas en las que se hablen y, por otro, la prohibición de las llamadas ‘spam’ siempre que no estén identificadas como tal.
La norma, que deberá contar aún con el visto bueno del pleno, ha sido aprobada en la comisión de Consumo del Congreso con el ‘sí’ de los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, y la totalidad de sus socios después de una amplia negociación. Primero, el Ejecutivo acordó con ERC, Junts, EH Bildu y BNG, blindar que las personas que vivan en una comunidad en la que exista una lengua cooficial reciban “la atención [de las empresas] in the official language requested, as long as the company provides services in those autonomous communities that have an official language other than Spanish and the language used is official in said autonomous community.”
Esta obligación se aplicará a las empresas que ofrecan servicios básicos, que tengan más de 250 trabajadores o una facturación anual superior a 50 millones de eros. Los posconvergentes han votado a favor del texto en respeto a este acuerdo previo a la ruptura de las relaciones. Sin embargo, en la comisión se han opuesto a todas las enmiendas de PSOE y Sumar que no incluyesen ningún cambio que ellos hubieran propuesto.
Las llamadas y el juego
Además, en el debate de este miércoles, se ha incluido la obligación a las grandes empresas de usar un prefijo identificativo para realizar llamadas ‘spam’ y de no hacerlo, las operadoras telefónicas tendrán que bloquear las llamadas. A esto se suma que se prohibirán las llamadas sin consentimiento y que los contratos que se cierren en estas llamadas quedarán anulados. Este cambio se ha introducido en la norma tras un acuerdo de PP, ERC y Junts sobre una enmienda presentada por Sumar y que, sin embargo, ha contado con el rechazo del PSOE.
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