El juez ya jubilado Manuel García-Castellón, que instruyó en la Audiencia Nacional causas de trascendencia mediática como fueron los casos Villarejo o Tsunami Democràtic, ha presentado un escrito de personación en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que instruye el caso Leire Díez, al considerarse perjudicado por las maniobras de la exmilitante, tras trascender que en diversas reuniones “presuntamente buscaba información” y estaría “difundiendo afirmaciones falsas para dañarle”.
El escrito de personación, que firma la letrada María Victoria Vega Sánchez y al que ha tenido acceso este diario, cita determinadas informaciones en las que trasciende que la también excargo socialista buscó hechos “comprometedores” del histórico juez, según consta en los hechos denunciados tanto por el fiscal de anticorrupción José Grinda, como su compañero en el Ministerio Público madrileño Ignacio Stampa. Ambos también se han personado contra Díez y están citados ante el instructor de la causa, Arturo Zamarriego, el próximo 5 de noviembre.
“Menoscabar el honor”
Entre las noticias aportadas al juzgado, entre las que contra una de las publicadas por EL PERIÓDICO, se desprende que “la investigada Doña Leire Díez, presuntamente difundió informaciones presuntamente falsas y todo con la finalidad de menoscabar el honor y la buena e intachable imagen del magistrado Don Manuel García-Castellón”, según señala el escrito. “Si tales hechos son objeto de la investigación criminal se justificaría perfectamente la presente personación de Don Manuel García-Castellón como víctima o perjudicado“, añade la defensa.
El juez Arturo Zamarriego, que ha abierto una investigación por las maniobras supuestamente delictivas llevadas a cabo por la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset contra la Guardia Civil y la Fiscalía, considera que tanto las presuntas presiones a la UCO como el intento de soborno que denunciaron dos fiscales Anticorrupción podrían responder a un mismo “plan” y por ello ha acumulado todas las investigaciones en un mismo procedimiento. En una de sus últimas resoluciones, apunta una actuación “delictiva y coordinada” de la autodenominada periodista y el inversor para “malbaratar” investigaciones a políticos y empresarios.
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