El PP catalán llevará al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la nueva regulación de los alquileres de temporada que PSC, ERC, los Comuns y la CUP pactaron el pasado abril y que ya estaba a punto para ser vista en el hemiciclo del Parlament, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Con esta maniobra, los populares frenan la tramitación de la norma y retrasan al menos un mes su aprobación definitiva por la Cámara catalana. Estaba previsto que se votara la próxima semana con los apoyos garantizados.
La regulación fue uno de los acuerdos clave alcanzados entre republicanos, comunes y cuperos con el PSC para asegurar la convalidación de dos decretos del Govern de Salvador Illa. Fuentes parlamentarias confirmaron este martes que la Junta de Portavoces había incorporado el texto al orden del día del próximo pleno, pero la intervención del PPC obliga ahora a detener el proceso mientras el Consell de Garanties analiza la petición de inconstitucionalidad presentada por el grupo popular, pese a que su dictamen final no es vinculante y, por tanto, no frenará su aprobación. El órgano tiene un mes para emitir una resolución una vez admita la solicitud a trámite.
El portavoz del PPC, Juan Fernández, justifica su impugnación asegurando que la regulación del alquiler de temporada no puede legislarse desde la Cámara catalana. “Hay aspectos de esta ley que son inconstitucionales y antiestatutarios”, asegura el diputado popular, que da por hecho que el resto de formaciones son conscientes, pero mantienen su apuesta para generar “confrontación y desafección entre la ciudadanía”. “Saben que no se pueden regular a través de una ley del Parlament. Aun así, lo hacen porque no les interesa solucionar los problemas de acceso a la vivienda que sufre una parte importante de la población de Catalunya”, explica Fernández a este diario.
Desde el PP catalán también advierten sobre el problema de inseguridad jurídica que afectaría a los contratos actuales. “El alquiler de temporada cumple una función legítima dentro del mercado: atender a estudiantes, trabajadores desplazados o familias que necesitan una estancia temporal. Pretender asimilarlo al alquiler habitual es confundir conceptos y poner en riesgo miles de contratos legítimos”, sostiene el portavoz de los populares en el Parlament.
Los avisos a Junts
Hasta ahora, el PPC solo había acudido una vez al Consell de Garanties Estatutàries en esta legislatura, cuando reclamó un dictamen sobre la reforma del reglamento del Parlament que impulsaron PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP al inicio del mandato. Desde entonces, quien más ha recurrido a este órgano para impugnar normas y decretos del Govern ha sido precisamente Junts, lo que había llevado a los grupos impulsores de la nueva regulación de los alquileres a poner el foco en los posconvergentes.
Tanto los Comuns como la CUP llevaban semanas pidiendo a Junts que no frenara la medida con un recurso ante el CGE. Este mismo martes por la mañana, el portavoz de los Comuns, David Cid, reiteró públicamente ese mensaje. Sin embargo, finalmente ha sido el PP quien ha dado el paso. Los populares también tenían capacidad para hacerlo, ya que disponen de la décima parte de los escaños del pleno, el mínimo necesario para solicitar un dictamen del Consell. Una cifra que, por ejemplo, Vox no alcanza, lo que le impide presentar recursos por su cuenta, pese a que también se ha mostrado contrario a la norma.
Un año y medio de retraso
Antes de conocerse el recurso presentado por el PPC, los partidos impulsores han celebrado que el Parlament tuviera fecha para aprobar esta cuestión, que se había ido retrasando desde que se pactó en abril. Primero se acordó que se aprobaría antes de verano, pero la falta de tiempo llevó a los partidos a dilatar su aprobación, que estaba en trámites parlamentarios, hasta después de verano. Ahora todavía se retrasará más, aunque podrá ser aprobada antes de acabar el año.
Este será, además, el segundo intento de regular este tipo de alquiler desde Catalunya, pues justo antes de las elecciones catalanas el Govern de Pere Aragonès vio como la abstención del PSC y el voto en contra de Junts tumbó el decreto, entonces pionero, para regular este tipo de alquiler. La portavoz de ERC, Ester Capella, antes de conocerse la impugnación del PPC, ha aplaudido en rueda de prensa que finalmente se “desencalle” esta cuestión, pese a que ha asegurado que llega “tarde” en alusión a estos casi dos años de retraso. También Cid lo ha aplaudido la cuestión, pero ha avisado al president de que para atajar la crisis de la vivienda será necesario “cumplir la ley”, después de que este lunes el partido acordara con el Govern multar con hasta 90.000 euros a los grandes tenedores que aparezcan en el registro.
El alquiler de temporada se ha convertido en los últimos tiempos en la principal rendija que han encontrado los propietarios para saltarse el tope de precios marcado por la ley. Según datos del Observatori Metropolità de l’Habitatge (OMH), desde la aprobación de la ley de la vivienda estatal, esta modalidad de arrendamiento ha llegado a suponer más del 50% de los anuncios en la ciudad de Barcelona, lo que representa uno de cada dos pisos. “No solucionaremos la falta de vivienda limitando la libertad de contrato, sino fomentando la construcción, la rehabilitación y la movilización de suelo público para ofrecer alternativas reales a precios asequibles”, asegura Fernández.
El acuerdo alcanzado en abril limitaba el alquiler de temporada a los contratos que tuviera como finalidad el “uso recreativo” y “turístico“. Al resto de contratos, al margen de su duración, les obligaba a seguir la normativa estatal y a no poder tener un precio superior al tope marcado. Sobre el alquiler de habitaciones, que era otra de las vías para evitar la ley de vivienda, los firmantes pactaron que la suma de lo que pagara cada inquilino por su habitación no podía ser superior al tope total marcado para el conjunto del piso.
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