The director of Antifrau reproaches the Government for the lack of budgets that prevents strengthening the fight against corruption

El director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, ha defendido este jueves en el Parlamento la labor de la institución en la protección de los alertadores de corrupción. Ante algunas críticas de alertadores de no sentirse suficientemente protegidos ante posibles represalias, Gimeno ha admitido que pueden haber cometido algún “error”, pero ha precisado que en general su labor ha sido positiva y conforme a la ley. También ha reprochado a los partidos que critiquen este aspecto, pero casi la mitad de los ayuntamientos todavía no tienen en funcionamiento el buzón interno de denuncias. Por eso, ha pedido diversos cambios legales para mejorar la situación.

Gimeno ha comparecido en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) de la cámara catalana para presentar la memoria de 2024, pero también ha hecho balance de sus nueve años de mandato, que ya han caducado. El Govern debe buscar su relevo, pero los grupos parlamentarios, que ya trabajan en encontrar un suecesor, como explicó EL PERIÓDICO, son los que deben validar el cargo. En su intervención este jueves, Gimeno ha agradecido el apoyo recibido durante los nueve años de mandato y ha reiterado la necesidad de dotar a la Oficina de los recursos necesarios para afrontar sus funciones: “No se puede hacer frente a nuevas competencias con presupuestos prorrogados. Necesitamos herramientas para cumplir las expectativas generadas”.

64 protecciones a alertadores

En la memoria que ha presentado, el director ha explicado que Antifrau protege a 64 personas alertadoras. Con la entrada en vigor de la ley 2/2023, la oficina asumió las funciones de autoridad independiente de protección de las personas alertadoras en Catalunya. Gimeno lo ha explicado así: “La única institución del Estado que ha creado doctrina alrededor de la ley fue la OAC, puesto que fuimos los únicos en asumir todas las competencias desde el primer momento”.

Esta nueva responsabilidad ha comportado una reorganización interna, un aumento de las peticiones de protección y una intensificación de la supervisión de los canales internos de información. Gimeno ha asegurado que “en cuanto al ámbito de protección, el segundo año de vigencia de la ley se recibieron 41 peticiones de protección y se otorgaron 16. En total, se han recibido 158 peticiones de protección y se han otorgado 64”, es decir, un 40%

Gimeno ha recordado que “la obligación de la Oficina es la defensa del interés general y evitar entrar en los conflictos interpersonales que a menudo son el motor de las denuncias”. En este sentido ha pedido una sesión monográfica en la CAI para poder aclarar las actuaciones de la Oficina en este ámbito.

Ante algunas críticas de alertadores y partidos políticos sobre una supuesta desprotección, Gimeno ha explicado que no todos los alertadores tienen derecho a protección, sino solo aquellos que tienen vínculo directo con la institución denunciada y pueden sufrir represalias. Además, si el caso está judicializado, Antifrau ya no puede intervenir. Tampoco son considerados alertadores los que tienen un conflicto personal con algún cargo institucional o ciudadanos externos que denuncian una institución. No obstante, ha admitido que la ley sí debería considerar alertadores con derecho a protección a testigos que trabajan en instituciones y son llamados a declarar en un caso concreto, aunque no lo hayan denunciado ellos mismos.

Por otra parte, ha recordado que todas las instituciones públicas y todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen la obligación de tener un buzón interno de denuncias. Gimeno ha recordado que la mayoría de instituciones obligadas todavía no lo tienen. Por eso, ha dicho que Antifrau no tiene capacidad para sancionar más de 4.000 incumplimientos, y que de momento opta por la “pedagogía”.

Balance de 15 años de la OAC

Gimeno ha estructurado su discurso con un repaso cronológico de los principales hitos conseguidos de manera anual en la Dirección de Prevención y, en último término, ha repasado las cifras de la Dirección de Análisis e Investigaciones. En este sentido, Gimeno ha señalado que los ejes que han marcado la dirección de la Oficina son tres: la aceptación de las denuncias anónimas, situar la Prevención en el centro de la agenda y proteger a las personas que alertan.

“La tramitación de denuncias anónimas fue la primera medida de protección de los alertadores. Ahora representan el 70%”, ha recordado el director de Antifrau. Y ha añadido, antes de hacer la revisión de la actividad de los últimos nueve años de Antifrau, que la Oficina ha consolidado su papel como ente comisionado del Parlament, referente en la lucha contra la corrupción, la protección de las personas alertadoras y la prevención de riesgos en el sector público.

Actualizar la Ley de Antifrau

Con motivo de los 15 años de la Oficina, el director de Antifrau ha explicado que se ha elaborado un proyecto estratégico con cinco ejes para definir el futuro de la institución. Gimeno ha pedido una nueva comparecencia en el Parlament para debatir esta propuesta. “La Ley de la Oficina ha envejecido. Es necesario adaptarla a los nuevos tiempos para evolucionar al ritmo de la sociedad”, ha afirmado Gimeno.

Los cinco ejes estratégicos a partir de los cuales poder construir una hoja de ruta son: fortalecer el liderazgo institucional y el sistema de gobernanza, impulsar la cultura de integridad en las administraciones públicas catalanas y en el conjunto de la sociedad catalana, mejorar la protección efectiva de las personas alertadoras, fortalecer la lucha contra la corrupción y reforzar la capacidad técnica y operativa de la OAC.