La Asociación de Perjudicados por las incautaciones franquistas (Apigf) se ha reunido este jueves con el director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Xavier Menéndez, para exponer su situación. Las familias afectadas vivieron con esperanza la aprobación de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022, ya que abrió la puerta a la restitución de los bienes que la dictadura les había expropiado durante la Guerra Civil. Sin embargo, tres años después siguen esperando y llamando a tantas puertas como pueden para encontrar una solución.
Tras el encuentro con Menéndez, fuentes del Govern aseguran haber “escuchado con atención e interés” sus reclamaciones y haberse comprometido a “ayudarlos” en todo lo que esté en sus manos. “Entendemos y compartimos su preocupación”, afirman desde la Generalitat, que no tiene competencias sobre la materia. La pelota actualmente está en manos del ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, liderado por Ángel Víctor Torres, que desde hace meses está elaborando una auditoría que debería censar todos los bienes expoliados. El pasado mes de julio, desde la asociación pidieron una reunión formal con Torres, pero a día de hoy siguen sin tener respuesta.
Desde la aprobación de la ley se han dado algunos pasos, por ejemplo el PNV consiguió recuperar hace poco el palacete de la avenida Marceau de París, pero la gran mayoría de los afectados continúa a la espera. Es la situación en la que por ejemplo se encuentra ERC, que aún no ha logrado acordar con el Ejecutivo central su compensación. También la de muchos particulares, como Lídia Jiménez, nieta del expresident Lluís Companys y tesorera de la asociación, que hace unos días explicaba a EL PERIÓDICO su situación y la de las 400 familias afectadas. “Estamos encallados, la gente es mayor y se está muriendo”, denunciaba Jiménez, al tiempo que defendía que no se trataba de un tema monetario -en su caso son 1.000 pesetas- sino de “honor”.
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