The law that prohibits telephone spam jumps its penultimate obstacle and its approval is guaranteed

Cerca de dos años después de ponerse el engranaje en marcha, la ley de Servicios de Atención a la Clientela está a punto de convertirse en realidad. Y de hacerlo con cambios más sustanciales de lo que se contemplaba al principio. El más recientemente polémico: que las empresas tengan que atender en una lengua cooficial en las comunidades que las hablan cuando el usuario así lo requiera. El más crítico: el fin de las llamadas comerciales no deseadas tal como se dan ahora. El comúnmente conocido como ‘spam’ telefónico.

Estas y otras enmiendas, así como el texto completo de la norma, han sido aprobados este miércoles en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, lo que significa que la ley queda solo pendiente de ser aprobada en el Congreso de los diputados. Y esto es casi una formalidad, pues este trámite previo en la Comisión confirma el apoyo político a la norma.

Tal como la planteaba el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, capitaneado por Pablo Bustinduy, su objetivo más básico es forzar a las empresas a ofrecer un mejor servicio al consumidor. La ley base (rescate, en realidad, de un proyecto de ley que había quedado paralizado con el cambio de Gobierno en 2023) la aprobó el Consejo de Ministros a principios de 2024, y desde entonces, Consumo ha ido añadiendo enmiendas.

Una que obliga a avisar de que una suscripción se va a renovar automáticamente 15 días antes de que eso ocurra, otra que impide dejar reseñas más de un mes después de comprar un producto o experimentar un servicio con el fin de evitar el tráfico fraudulento de las opiniones en internet, una tercera que impone que el precio total de una compra ‘online’ se tenga que indicar desde el principio (incluidos los gastos de gestión al adquirir billetes o entradas), la que tiene que ver con el idioma de atención y todo el tema de las llamadas ‘spam’.

¿Cómo queda el asunto del ‘spam’?

Excepto esto último, todo llegaba a la Comisión con garantías de ser aprobado, pues los partidos políticos habían hecho los deberes y llegado a acuerdos previamente. La única incógnita estaba en la propuesta de Sumar de atajar de raíz las llamadas comerciales no deseadas.

Su enmienda establece que las compañías tengan que utilizar un prefijo determinado para sus llamadas comerciales, con tal de que el cliente sepa, al ver esa numeración al inicio de una llamada, que se trata de un contacto de este tipo. Quedaría en manos de las operadoras de telefonía móvil bloquear las llamadas que no cumplan este requisito. Todo esto, en relación con llamadas comerciales en las que el cliente y la empresa ya tengan una relación contractual previa. En caso contrario, la ley prohíbe el contacto. Es decir, quedarán prohibidas las llamadas para captar clientes, y cualquier contrato que se cierre en una llamada que haya empezado así, no será válido.

El desenlace

Finalmente, han votado a favor de esta medida PP, Junts y ERC, además de la propia Sumar, imponiéndose a la negativa de Vox, Bildu y PSOE (PNV y Podemos se han abstenido).

Según fuentes implicadas en la tramitación de esta ley, el partido que lidera el presidente Pedro Sánchez está en contra porque considera que el problema está lo suficientemente abordado con la orden ministerial que aprobó el ministerio de Transformación digital y de la Función Pública que prohibía a las empresas hacer llamadas comerciales no solicitadas desde teléfonos móviles. Es decir, la que limitaba el ‘spam’ telefónico a los números fijos. Las fuentes consultadas entienden que los recelos del PSOE con endurecer la persecución del ‘spam’ telefónico tienen que ver con que esto es una considerable complicación añadida para el sector de las telecomunicaciones.

Sea como sea, la norma ha tirado hacia adelante y queda ahora pendiente solo de que la apruebe definitivamente el Congreso de los diputados, algo que ocurrirá, salvo un giro inesperado de última hora, con el mismo apoyo que se ha labrado en esta Comisión.

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