El Parlament ha abierto expediente para esclarecer si los diputados Joan Garriga (Vox), Júlia Calvet (Vox) y Sílvia Orriols (Aliança Catalana), han vulnerado el código de conducta, tras las peticiones presentadas por varios grupos parlamentarios ante la Mesa. La comisión del estatuto del diputado -el órgano encargado de decidir si se investigan o no estos casos- ha acordado este jueves tramitar todas las solicitudes remitidas por la Mesa, salvo la que afectaba a la diputada de la CUP, Laure Vega, que ha sido desestimada al no apreciar indicios de infracción del código.
Así lo ha podido comprobar EL PERIÓDICO, después de que fuentes presentes en la reunión informaran de la apertura de cuatro expedientes, de los cinco pendientes, sin citar nombres, en cumplimiento de la confidencialidad del proceso. La primera petición se presentó en abril y la última, hace apenas unas horas. Este jueves, al finalizar el pleno, la comisión se ha citado de forma extraordinaria y a puerta cerrada después de que ERC y los Comuns registraran, la tarde del miércoles, una petición para convocarla con carácter urgente. Desde diciembre de 2024, el órgano solo se había reunido una vez, sin tratar ninguno de los casos pendientes.
Vox acumula tres expedientes: dos dirigidos a su portavoz y una a Calvet. Garriga está siendo investigado a instancias del PSC por haber afirmado en el pleno que los socialistas gastan el dinero “en drogas y putas”. Además, a petición de ERC y la CUP, se le investiga por haber lanzado “fuertes ataques” contra el expresident Lluís Companys durante una junta de portavoces, poco después de que su partido colgara carteles con la frase ‘Companys assassí [asesino]’during the floral offering to the former president executed by Franco, organized by the Parliament on Wednesday. Calvet is in the spotlight for having held the Social Rights Minister directly responsible, Monica Martinez Bravoof “corruption” in the DGAIA, an investigation also requested by the PSC.
ERC, por su lado, llevó a Orriols a esta comisión por señalar directamente a la diputada republicana Najat Driouech y acusarla de hacer “ostentación de la misoginia islámica” por vestir el velo en el Parlament. También Vox quiso hacer lo lo propio, sin éxito, pidienddo que la comisión investigara a Vega por unas declaraciones en el pleno en las que decía que “lanzar piedras a los Mossos es un hecho cultural”, citando a un tuit del humorista Manel Vidal. La mayoría de la Cámara considera que no existe vulneración.
Lo que hará ahora la comisión es empezar un proceso de verificación interno con estos cuatro expedientes. Según el artículo 26 del código de conducta, lo primero que debe hacer es realizar una audencia previa con el diputado afectado -el que pide investigar-, realizar un informe de los hechos y enviar a la Mesa una “propuesta” para que esta decida, en última instancia, si emprende represalias. En este punto, el órgano rector decidirá si hay infracción o no y si procede con una multa económica -de 600 a 12.000 euros- o con una “amonestación pública”. En caso de considerar que existe una “infracción muy grave” puede proponer al pleno la “suspensión temporal”.
La única vez que se ha sancionado a un parlamentario con este procedimiento fue en la pasada legislatura, cuando el diputado Francesc de Dalmases, fue sancionado con una multa de 600 euros, además de una amonestación pública, por haber intimidado a una periodista de TV3. En ese caso, la Mesa impuso la misma sanción que había previsto la comisión en su propuesta, tras verificar el caso.
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