The prosecutor opposes the TC’s precautionary lifting of Puigdemont’s arrest warrant

El fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, se ha opuesto a que el presidente de Junts, Carles Puigdemont, vea cómo la corte de garantías le levanta de forma cautelar la orden de detención que tiene en vigor para el caso de que regrese a España. Argumenta que si la doctrina constitucional para por no suspender cautelarmente una situación de privación de libertad, con más razón debe hacerse en un caso como el del expresidente catalán, que ha solicitado al Constitucional que le retire la orden de arresto vigente sin tener que esperar a que se resuelva su recurso de amparo contra la negativa del Supremo a aplicar la amnistía a la malversación.

En su escrito de 14 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el fiscal explica que Puigdemont solo alega “una hipotética afectación de su derecho a la libertad cuya efectiva -y en todo caso futura- realización depende además en buena medida, como notoriamente ha quedado acreditado a lo largo de los años, de su propia voluntad, por más que su argumentación pretenda desenfocar o invertir la realidad jurídica de su situación, presentando como una coacción que le impide entrar en territorio nacional lo que, en términos jurídicos, no es más que el fruto de su propio temor -no susceptible de tutela cautelar, como se ha indicado- a ser privado de libertad en virtud de una resolución judicial que a su vez es consecuencia de su propia conducta procesal, concretada en la decisión de eludir la acción del tribunal que la adoptó“.

“Nada hay en consecuencia que restablecer en el plano de la libertad personal del actor, que disfruta de ella en tanto se mantiene voluntariamente fuera del radio de acción de la Justicia española”, recuerda el ministerio público, que añade que “en modo alguno puede invocar su derecho a la libre circulación (artículo 19 de la Constitución) cuando la restricción de este derecho no obedece a las resoluciones judiciales impugnadas -que hoy ni siquiera abarcan, como se vio en el apartado de antecedentes, la persecución internacional o la orden europea de detención del procesado-, sino a la autolimitación impuesta por su propio temor respecto de su situación personal en el proceso penal”.

Similar argumento utiliza para negar “afectación alguna del derecho a ejercer la representación política parlamentaria (art. 23 CE), sobre el que las resoluciones judiciales impugnadas en este recurso no contienen pronunciamiento dispositivo alguno, dándose además la circunstancia, pública y notoria, de que el recurrente concurrió al proceso electoral (celebrado en mayo de 2024) y asumió dicha representación parlamentaria cuando ya se hallaba en la misma situación procesal que dichas resoluciones judiciales se limitan a confirmar y mantener; y era plenamente conocedor -igual que los electores que lo votaron- de sus consecuencias”.

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