El juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha requerido a Acciona Construcción para que “haciendo uso de sus propios medios técnicos” proceda a incorporar a un disco duro la totalidad de la documentación que le fue requerida por la Guardia Civil en los registros realizados el pasado 14 de noviembre en varias sedes de la compañía. Lo hace tras fallar la “recopilación en remoto” de documentación que se estaba realizando junto con los agentes de la Guardia Civil por problemas técnicos.
Puente adopta esta decisión tras recibir un oficio de los investigadores dando cuenta de los problemas de descarga en la carpeta de red independiente de acceso exclusivamente autorizado a través de la cuenta de correo electrónico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respecto de varios grupos de documentos: Carpeta denominada “Infra” y otras cuatro carpetas en el interior de “O365” denominadas “Alconchel” , “Dirección Zona Sur” o “Justo Pelegrini” y “Olarte”.
Correos durante 10 años
La primera, con nombre “Infra”, incluye los archivos informáticos almacenados en los servidores de la empresa que tienen interés para la investigación. La segunda, denominada “O365”, almacena los correos electrónicos a los que tuvieron acceso los individuos indicados en el mandamiento judicial, entre los años 2015 y 2025.
Se trata de los documentos que el juez acordó recoger en la sede de Acciona en la calle Gran Vía de Hortaleza de Madrid, alusiva a “cuantos efectos electrónicos, telemáticos o informáticos pertenezcan a don Tomás Olarte Sanz y don Manuel José García Alconchel (ambos investigados) para el acceso y visionado, así como si resulta de interés para la investigación, la descarga, de cuantas comunicaciones privadas, en estado leídas como no leídas, de las cuentas de correo electrónico, personal o profesional” relacionadas con estos trabajadores.
También se solicitaba la incautación, del terminal móvil o dispositivo Smartphone de cualquiera de ellos y de los equipos informáticos de los que dispusieren, una orden que igualmente se extendía a las comunicaciones corporativas del ex CEO Justo Vicente Pelegrini.
El disco duro “deberá ser entregado sin dilación a la fuerza policial actuante, que será la encargada de diligenciar el presente requerimiento y de dar cuenta seguidamente de su cumplimiento a este instructor”, según detalla la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En esta pieza se investigan posibles comisiones ilegales que habría cobrado la trama bajo la dirección del que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán a través de una empresa, Servinabar, de la que se le atribuye el 45 por ciento de las acciones. Las comisiones se habrían fijado en un 2 por ciento de cada obra adjudicada.
The former organizational secretary of the PSOE, Santos Cerdán (r), with his lawyer Jacobo Teijelo (i) upon leaving the Soto del Real prison, on November 19, 2025, in Soto del Real, Madrid (Spain). / Carlos Luján – Europa Press
Con respecto a todos los documentos y comunicaciones que requiere el juez, se acordó realizar la recopilación en remoto de los mismos, por parte de la propia Acciona, ubicando todos ellos en una carpeta de red independiente, proporcionando acceso exclusivo a la misma a una cuenta de correo electrónico de la Guardia Civil y quedando su contenido protegido con respecto al resto de usuarios, tanto internos como externos de la empresa, pudiéndose únicamente descargar el mismo desde la mencionada cuenta de correo.
50 horas de descarga
Se procedió a entonces a intentar, en varias oportunidades la descarga de la información intervenida a través de la cuenta de correo autorizada, sin que esta operación pudiera culminarse con éxito por razones técnicas. Según el Oficio de la Guardia Civil, dado que la previsión de la duración estimada para completar dicha descarga era superior a 50 horas, se decidió suspender temporalmente la diligencia, precintándose la sala y quedando convocados los asistentes el día 21 de noviembre de 2025 para la comprobación del estado de la operación. Al llegar la fecha convenida, se observó que la descarga había fallado por cuestiones técnicas. Por tanto, se acordó iniciar una nueva descarga, esta vez de manera parcial del contenido, que también falló.
Tras los registros en las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid, Puente imputó a tres responsables de esta compañía, entre ellos el que fuera su CEO, Justo Vicente Pelegrini, además de dos de sus colaboradores que permanecían en esta empresa y por el momento han sido suspendidos: Tomás Olarte y Sanz y Manuel José García Alconchel, este último director de la zona Sur y África de Acciona Construcción. Los dos primeros declararán este miércoles ante el juez, y el tercero lo hará el próximo 15 de diciembre.
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