What does the Franco Foundation do? Who directs it? How is it financed?

El Gobierno ha comunicado a la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) la apertura del proceso para pedir su extinción, tras concluir que con su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general, aunque será la justicia la que tenga la última palabra. Los trámites para solicitar el cierre de la entidad comenzaron hace más de un año, en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura empezó a recopilar información y a solicitar informes sobre sus actividades para determinar si incumple la ley de fundaciones y la ley de memoria democrática. Pero, ¿en qué consiste esta fundación y quién hay detrás de ella?

La Fundación Franco es una entidad creada en 1976 por más de 200 socios fundadores en honor al dictador que se define a sí misma en su página web como una “institución cultural” sin pretensión de que su actividad u objetivos “sean de adscripción política o partidista”. En concreto, los estatutos de la fundación marcan cuatro grandes objetivos:

• Difundir el “legado y la obra de Francisco Franco en su dimensión humana, militar y política”, así como “las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos”.
• Difundir y “promover el estudio y conocimiento que rigió los destinos de España” entre 1936 y 1977.
• Fomentar el desarrollo de “la educación, la investigación científica y técnica”, además de otras actividades culturales.
• Defender los fines anteriores “ante medios de comunicación o ante diversas administraciones públicas“.

Desde que fue creada, la fundación ha tenido tres presidentes: Carmen Franco Polo, la hija del dictador, que la dirigió desde 1976 hasta su muerte en 2017; Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú, bisnieto de Franco; y el actual presidente ejecutivo, Juan Chicharro Ortega. Este exmilitar, hijo de un miembro de la División Azul, ocupó altos cargos en la Armada, llegó a ser General de División de Infantería de Marina, y fue ayudante de campo del rey Juan Carlos de 1994 a 1998. En 2024 trascendió que Chicharro celebraba cenas con antiguos compañeros de colegio en la Cámara de Oficiales de la Armada, dependencia del Ministerio de Defensa.

Según su página web, la actividad de la FNFF se financia con las aportaciones del “más de un millar de afiliados”, sin concretar cuántos son ni qué cantidades aportan. Pero la fundación también recibió en su día 150.843,82 euros en subvenciones públicas puntuales. Concretamente, las ayudas fueron entregadas en diferentes lotes entre 2000 y 2004 por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (gobernado entonces por el PP) para “microfilmar y digitalizar el archivo Francisco Franco”.

Ese archivo personal del dictador es, de hecho, el gran activo de la fundación. Está compuesto por alrededor de 30.000 documentos relacionados con la historia de España y, sobre todo, del periodo de la guerra civil y la dictadura. Incluye, por ejemplo, correspondencia con otros dirigentes políticos y mandatarios extranjeros, informes confidenciales y borradores de legislación de la época. La fundación también cuenta con una biblioteca de más de 2.000 ejemplares.

Para justificar la extinción, el Gobierno argumenta que la fundación no persigue fines de interés general, que es uno de los motivos que pueden propiciar su clausura, ya que sus actividades “son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente” y proporcionan una visión “inequívocamente positiva del franquismo”. Y considera que incumple con las otras premisas legales que pueden derivar en su extinción: la apología del franquismo, el menosprecio y humillación a las víctimas, y la incitación directa o indirecta al odio y la violencia.

Para ello, pone como ejemplo la publicación de artículos por parte de la Fundación con un “prisma negacionista” y que “niegan o aminoran el alance de la represión”, como uno titulado ‘La mentira de los niños robados del franquismo’. También esgrime alusiones públicas de miembros de la entidad a “la mal llamada ley de memoria histórica” y a la participación en el debate cultural y político de España actual para poner “de manifiesto la vida y obra de Francisco Franco y la España que creó“. Además, aduce que el acceso al archivo del dictador es “opaco”.

La FNFF defiende que su permanencia está amparada por la Constitución, que “garantiza la libertad de opinión, expresión y reunión”, y sostiene que el Gobierno “parte de un supuesto falso”, ya que toma como punto de partida unos estatutos que no están vigentes porque “fueron modificados” y “están ya obsoletos”.

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